Un vigilante del metro se lanza a las vías para salvar a un joven que iba a ser arrollado

REDACCIÓN. 12.03.2008

Le salvó la vida. Jon, un vigilante de seguridad del metro de 22 años de edad, se lanzó a las vías de la estación de Algorta para rescatar a un pasajero que cayó al foso. Lo hizo cuando el chirriar de los raíles ya anunciaban que el metro llegaba a la parada. Saltó a las vías cuando sólo quedaban 19 segundos para que el convoy les atropellase. Y consiguió rescatarle.

Ocurrió el pasado sábado sobre las 21.25 horas. Jon vio desde la otra punta del andén cómo un vecino de Getxo de 32 años iba ensimismado mirando su móvil. No le quitó ojo, pues no le vio muy seguro. De repente, el pasajero cayó a las vías. Jon emprendió la carrera, saltó al foso, agarró al joven y le subió al andén, ayudado por otro pasajero. El guardia se puso a salvo el último, instantes antes de que pasara el metro.

El vigilante dio gracias porque el accidentado sólo se golpease en la mano, y no en la cabeza. De haber quedado inconsciente, levantar su cuerpo habría resultado mucho más difícil, según informa hoy el periódico El Correo.

Los responsables de Metro Bilbao han felicitado personalmente a Jon, que sigue trabajando como vigilante.

Fuente: 20 minutos.es


Los vigilantes de seguridad piden ser agentes de la autoridad

Los vigilantes condenan el olvido de los compromisos adquiridos con ellos

G. Fonteseca/Jerez | foto: esteban
El Sindicato Profesional de Vigilantes, que curiosamente tiene su sede en un local ubicado en el Parque Atlántico, en Jerez, viene trabajando desde hace meses para que se modifique la Ley de Seguridad Privada y se les vuelva a considerar como agentes de la autoridad, una circunstancia que les permitiría enfrentarse con más garantías al trabajo que desarrollan a diario.
Esta consideración la tuvieron ya en el pasado, pero fue con la modificación de esta ley llevada a cabo en 1992, se les retiró esta circunstancia, dejándoles desamparados frente a la acción de los delincuentes a los que con mucha asiduidad se enfrentan.
Por eso, en estos momentos en los que se ha abierto un debate sobre la posibilidad de considerar a los profesores de centros escolares autoridad para que tal medida pueda disuadir a padres y alumnos de utilizar la violencia contra ellos, el colectivo vuelve a insistir en esa exigencia, a la vez que recuerdan un decálogo de cuestiones que serían necesario cambiar de la propia ley para prestar un servicio mejor a los ciudadanos.
El Sindicato Profesional de Vigilantes subraya que las circunstancias y el contexto social que justificó la anterior reforma de la Ley, no tienen vigencia en nuestros días, pues “como todo sabemos y constatamos a diario, por diversas causas han subido los niveles de inseguridad en el país, y por tanto, en nuestro sector, los trabajadores no podemos entender como se viene desaprovechando el potencial en seguridad que puede aportar nuestra actividad a la sociedad, ya que con un mínimo de respaldo jurídico y de colaboración real entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se aprovecharía un caudal que es gratuito y privado en favor de una sociedad que lo demanda y necesita”.

Olvidados por el Gobierno
El sindicato hizo pública una nota días atrás en la que recordaba la “gesta” de un compañero para llamar la atención de la sociedad y los compromisos que se hicieron hace unos meses que hoy ya se han olvidado.
En concreto, desde el día 6 al 26 de septiembre del pasado año, un vigilante de seguridad copó las portadas de muchos diarios nacionales e informativos de este país, donde autoridades y políticos con los que contactó a lo largo de su recorrido a pie de más de 500 kilómetros (desde Málaga a Madrid), se comprometieron a estudiar las reivindicaciones del sector de la seguridad privada.
Hoy, casi seis meses después de su sufrida gesta, nada queda de los compromisos y voluntades asumidas ante este trabajador ejemplo de fuerza y razones, que simbolizó el sentir generalizado de más de 100.000 vigilantes de seguridad de este país.
Recuerda el sindicato que registraron ante el Ministerio del Interior que dirige Pérez Rubalcaba, un documento similar al que registró el vigilante antes referido y que, en síntesis, exige la devolución del carácter de agentes de la autoridad que en su día tenían los antiguos Vigilantes Jurados y que con la modificación de la Ley de Seguridad Privada, 23/92, se eliminó de un plumazo.
“Es una insensatez, dice el Sindicato Profesional de Vigilantes de Seguridad exigir a los vigilantes, casi 100.000 trabajadores en toda España, que realicen unas funciones de seguridad, equiparables a policía y guardia civil, sin contar con la protección jurídica que se desprende de este carácter de agentes”.
El Sindicato se pregunta cómo se les puede exigir el cumplimiento del artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando actúan como un particular podría hacerlo y, por tanto, deberían actuar sólo en los tres supuestos de delitos (flagrancia fuga y rebeldía). “En estos casos actuamos en una clara desigualdad e indefensión, frente al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues normalmente actuamos solos, no por parejas como el resto de cuerpos, vamos desarmados y sin elementos de defensas, físicas ni jurídicas, pues dicho carácter confiere al agente en su ejercicio una opinión de perito y experto en la materia, así como poder imputar la desobediencia o resistencia a la autoridad cuando así sucediese – que por desgracia es muy frecuente en cada actuación policial debidos a los altos índices de delincuencia existentes y que se convierte en una herramienta jurídica indispensable para el buen desempeño de nuestras funciones”, sentencia el sindicato.
Esta exigencia es “una hipocresía más de la norma que nos regula”, afirman ya que se les exigen dichas competencias, sin que les doten de los medios mínimos. “A nadie se le ocurriría exigir a un albañil que levante una casa sin facilitarle previamente del palaustre”, ponen como ejemplo.

Que no caduque la TIP
Además de esto, los vigilantes de seguridad exigen que se elimine de la ley de seguridad privada la caducidad de sus tarjetas de identificación profesional (TIP), y licencias de armas, pues basta con dos años de inactividad o desempleo, para no poder seguir ejerciendo como vigilantes, “cuando hemos acreditado mediante exámenes de acceso ante el Ministerio del Interior una serie de conocimientos equiparables al resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
A juicio de los vigilantes, esta norma carece de sentido y no encuentra precedente en otra profesión en España.
Igualmente, piden la inclusión dentro del catálogo de estudios profesionales de un módulo de grado medio para el acceso a la profesión de vigilante de seguridad y otros de grado superior, para sus especialidades de escoltas, explosivos y guardería de campo medioambiental, a fin de fomentar profesionales de vocación y una sustancial mejora en su formación, hasta hora en manos privadas y por tanto, asumiendo el coste de la misma aquellos profesionales que la realizan, sin que además cuenten después con homologación académica de estos estudios profesionales.
También pedimos Interior que realice verdaderas inspecciones a las empresas de seguridad, para que doten a sus vigilantes de los elementos y mínimos auxiliares: radioteléfonos, emisoras, linternas, uniformidad, reciclajes, y un largo etc., de carencia que soportan los trabajadores del sector. Y que cuando se expedientan a empresas y clientes dichas sanciones sean realmente efectivas y se vigile su posterior cumplimiento y subsanación, pues existe un gran intrusismo y piratería empresarial sin que la autoridad competente haga nada por evitarlo.
En síntesis, el sindicato de vigilantes considera que el sector de la seguridad privada, “necesita una reforma urgente que ampare a sus trabajadores y por ende al objeto social que se nos encomienda, la seguridad de los ciudadanos, y deje de ser regido por la hipocresía de quienes nos gobiernan, que ha sabiendas de las deficiencias observadas y mil veces denunciadas, no hace nada por evitarlo, en aras de un interés puramente económico de quien se convierten en nuestros verdaderos explotadores: Gobierno y administraciones varias, empresas de seguridad y clientes usuarios que nos contratan”.


El sindicato pide que al votar se tenga en cuenta quien olvida


El Sindicato profesional de Vigilantes condenan “el olvido con el que todos, autoridades y gobierno, dejan morir y desoyen por intereses económicos las exigencias de cien mil trabajadores de la seguridad privada, hora es por tanto, de que aquellos grupos políticos que asumieron el compromiso de incluir en sus programas electorales –en pocos días verán la luz- incluyan nuestras legitimas reivindicaciones”. Por todo ello, realizan un llamado sin precedentes a todos los trabajadores del sector, pues este sindicato que se define sin color político, pide a todos los trabajadores, que “otorguen su voto sólo a aquellos partidos que contemplen en sus programas nuestras exigencias, y castigar con el mismo olvido, a quienes no cumplieron y sólo buscaron la fotografía fácil y electoralista. La fidelidad a la ideología política sólo debe ser respetable cuando es comprometida y correspondida, por que cuando se olvidan las promesas, es cuando constatamos la infidelidad y la traición”. Por todo ello, concluye el Sindicato Profesional de Vigilantes con una frase que sentencia que este colectivo sólo debía votar a quienes les escuchen y no a quienes les han olvidado.


Diez ideas para cambiar la ley de Seguridad Privada

G. F./Jerez
El Sindicato Profesional de Vigilantes ha elaborado un conjunto de propuestas que consideran deberían tenerse en cuenta a la hora de modificar la Ley de Seguridad Privada. Todas ellas las consideran básicas y necesarias para poder desempeñar, con un mínimo de garantías y seguridad personal, el cometido social que la citada Ley les encomienda y exige.

Propuestas
Piden la devolución del carácter de agentes de la autoridad o, en su defecto, un estatuto jurídico que les ampare en la actuaciones policiales que a diario llevan a cabo. Carecer de esta protección jurídica les deja, subrayan, en clara desventaja en sus intervenciones, pues para desempeñar las funciones que les exige la Ley necesitan un mínimo de herramientas jurídicas frente a los casos de resistencia a la autoridad, -actualmente inexistente- que soportan.
En segundo lugar, que no caduque la tarjeta de identidad, pues rompe la igualdad con respecto del resto de trabajadores de este país, ya que al estar más de dos años sin ejercer se pierde la habilitación, siendo necesario volver a tener que superar nuevamente las pruebas de acceso a la profesión. No existen otros precedentes de profesiones donde esto suceda.
En tercer lugar, que las prácticas de tiro sean realmente prácticas y no exámenes continuos, como sucede con el resto de las fuerzas de seguridad. Las prácticas o ejercicios de tiro han de ser a su entender voluntarias y sin controles de puntuación, pues no superar un simple ejercicio les lleva a la excedencia forzosa, mientras se realiza el tiro de recuperación.
En cuarto lugar, que a la profesión se acceda mediante módulos de grado superior de F.P. y que, por tanto, la Seguridad Privada, sea incluida dentro del catálogo de módulos profesionales del Ministerio de Educación y Ciencia, de forma que el acceso a la profesión sea gratuito y oficial, no mediante centros de formación privados, como prevé la actual Ley.
En quinto lugar, que la uniformidad sea común para todas las empresas, evitando el actual confusionismo entre los ciudadanos y creando una conciencia única de cuerpo de seguridad entre los trabajadores de la seguridad privada y el pueblo.
En sexto lugar piden una legislación contra el intrusismo, donde donde a su entender se hace necesario una mejor definición de la actividad de seguridad privada y sus funciones sociales, quedando definida la figura del Vigilante de Seguridad, bien diferenciada de los actuales Auxiliares de Servicios, no regulados por esta Ley.
En séptimo lugar, la sustitución de la placa distintiva, por considerarse entre los trabajadores del sector de un pésimo gusto y diseño, que en absoluto contribuye en la mejora de la imagen pública que pretenden para el sector y sus profesionales. Así mismo, piden que en las denuncias que en el desempeño de sus funciones tengan que realizar, baste como identificación del Vigilante de Seguridad el número de la misma, sin que sea necesario como hasta ahora, tener que exponer en la misma los datos personales del trabajador, por razones obvias de la protección de datos.
En octavo lugar, la sustitución del armamento, pues el revólver autorizado en los servicios, carece de eficacia y de capacidad de respuesta frente al armamento que hoy utilizan las bandas organizadas y delincuencia en general, entendiendo que debe ser sustituida por un arma automática y de mayor capacidad de carga.
En noveno lugar, la obligatoriedad de realizar los servicios por parejas, y de forma inexcusable en los servicios nocturnos y de grandes superficies, pues difícilmente pueden ofrecer seguridad desde una posición de inseguridad personal. La efectividad de la seguridad exige intervenciones rápidas y a menudo imprevistas, por lo que resulta a todas luces ineficaz tener que esperar la llegada de refuerzos o de apoyo policial, por lo que los Vigilantes de Seguridad que trabajan en solitario asumen un grave riesgo personal que sin duda se minimizaría con esta medida.
Y en décimo y último lugar, una mejora de los medios auxiliares y de comunicación ya que las Empresas de Seguridad Privada reducen al mínimo la inversión económica en este tipo de medios auxiliares: radio-teléfonos, emisoras, linternas, chalecos antibalas en determinados servicios de mayor riesgo, etc., debiendo ser exigido el cumplimiento de este requisito por las inspecciones policiales que se realicen.


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NOTICIA TRADUCIDA AL CASTELLANO, ( para que la entiendan todos ):

martes, 15 de enero de 2008 > Dieciséis vigilantes de seguridad del aeropuerto de Girona cogen la baja La mayoría por depresión, puesto que afirman que no pueden asumir los nuevos turnos y han estado coaccionados.  MÒNICA CABRUJA. Girona Dieciséis vigilantes de seguridad del aeropuerto de Girona (una cuarta parte de la plantilla), han cogido la baja entre jueves y ayer, la mayoría por depresión y angustia y algunos por problemas físicos, como lumbàlgies. Segun afirman, no podían asumir los nuevos turnos que les querían imponer, de trece horas seguidas, y cuando se negaron los sacaron las horas extras y recibieron coacciones por parte de un responsable de la empresa Segur Ibérica. El colectivo ha presentado una denuncia a la Inspección de Trabajo. Viernes hay prevista una reunión entre los representantes sindicales y de la empresa por intentar buscar soluciones. Un grupo de trabajadores afectados explicó ayer a este diario que los problemas se originaron a partir del cambio de turnos y del trato que han recibido por parte de la empresa. «Nos querían obligar a hacer turnos de trece horas seguidas (antes hacían doce) y nos negamos. A partir de aquí empezaron las coacciones. cambiaron a algunos empleados de turno y nos sacaron las horas extras y las dietas», indicó un portavoz del grupo. Algunos aseguran que están tomando antidepresivos y que tienen ataques de ansiedad. «Tenemos miedo de sufrir represalias y de ir a la calle», indicaron. Dos trabajadores ya estaban de baja por problemas de depresión y entre jueves y ayer dieciséis más cogieron la baja. La mayoría por depresión, ansiedad y otros problemas psicológicos motivados por el trabajo, pero hay también que se han visto afectados por problemas físicos, como la lumbàlgia, que, aseguran, que ha sido causada también por problemas laborales. El gerente en Catalunya de segur Ibérica reconoció ayer que se querían cambiar los turnos, aun cuando aseguró que no tenía constancia de ninguna denuncia presentada. «Siete vigilantes de turno por la noche han pedido la baja y suponemos que esto es una maniobra porque no estaban de acuerdo con los cambios, pero no tengo constancia que haya problemas», afirmó. El gerente de segur Ibérica asegura que los vacíos laborales se han cubierto con otras personas y que la situación que se ha producido al colectivo no afecta el servicio que se da al aeropuerto de Girona. El gerente de segur Ibérica estaba informado ayer por la mañana de las siete primeras bajas presentadas, aun cuando un portavoz de los trabajadores explicó que ayer mismo se presentaron el resto de bajas. Segun afirman, se hace muy difícil continuar trabajando con las condiciones actuales. Los vigilantes discrepan de la afirmación que el servicio no se ve afectado. «Se han formado muchas colas de pasajeros y no se puede trabajar con buenas condiciones», aseguraron. Los vigilantes revisan maletas y hacen controles antes de embarcar los pasajeros. «En el aeropuerto ha habido un gran incremento del número de vuelos y hace falta que el colectivo trabaje en condiciones adecuadas», manifestaron algunos trabajadores que ahora están de baja. REUNIÓN VIERNES El secretario de organización del sindicato independiente profesional de vigilancia y servicios de Catalunya (SIPVS-C), Sergio Sánchez, explicó ayer que hay prevista una reunión el viernes con la empresa para intentar encontrar soluciones. «Queremos que cambien el coordinador», indicó. Fuentes de AENA aseguraron ayer que no tienen constancia de ningún problema que afecte el público motivado por el servicio de vigilancia. «Si hay problemas laborales corresponde a la empresa solucionarlos», remarcaron desde AENA.

LA NOTICIA ORIGINAL LA PODEIS VER AQUI.



Interior asume la inspección de las empresas de seguridad privada


A menos de tres meses para las elecciones generales, el Gobierno abrió ayer la segunda tanda de transferencias a la Generalitat según lo previsto en el Estatuto. Los dos gobiernos acordaron que la Generalitat asuma las competencias ejecutivas en materia de seguridad privada. Previsiblemente, a este traspaso se sumará, en la segunda semana de enero, la transferencia de nuevas competencias sobre ordenación del litoral, inmigración y gestión de becas. "Estamos avanzando en las negociaciones", dijo ayer con precaución el consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura.

El convenio firmado ayer por el Ministerio del Interior y el Departamento de Interior permitirá desarrollar el artículo 163 del nuevo Estatuto. Por primera vez, la Generalitat autorizará a las empresas de seguridad privada con domicilio social en Cataluña, siempre que su ámbito de actuación no supere el territorio de la comunidad. Y lo que es más relevante: los Mossos d'Esquadra serán los únicos encargados de inspeccionar y, en su caso, sancionar a las empresas que vulneren la normativa.

La Generalitat se encargará de la coordinación entre los cuerpos policiales y el personal vinculado a la seguridad privada. Se trata de un sector económico potente y en auge donde trabajan, sólo en Cataluña, más de 13.000 personas entre investigadores, detectives y, sobre todo, vigilantes de seguridad.

Toda esa legión de vigilantes tiene que pasar necesariamente por los llamados centros de formación, que a partir de ahora también tendrán que ser autorizados por la Generalitat. La Asociación Española de Centros de Formación de Seguridad lo ve con recelo. "No me parece adecuado, porque puede que el Gobierno catalán tenga criterios distintos", explicó ayer su presidente, Miguel Expósito.

Los traspasos de competencias de la Generalitat continuarán el 9 o el 10 de enero, cuando tiene previsto reunirse la comisión bilateral que sienta en la misma mesa a la Administración central y la autonómica. Ayer Saura especificó que hay avances importantes en transferencias sobre inmigración y en la segunda fase de las transferencias sobre ordenación del litoral. Más lentas van las negociaciones para que la Generalitat pueda homologar las titulaciones universitarias.

En lo que no hay ningún tipo de acuerdo es en el traspaso de Cercanías, transferencia que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió para el próximo 1 de enero. La negociación se ha encallado porque la crisis ferroviaria ha hecho que la Generalitat pida ahora muchas más garantías antes de aceptar la transferencia. Tampoco hay avances en el cambio de modelo aeroportuario, y eso que también ha expirado el plazo que se propuso Zapatero.

La segunda tanda de traspasos llega después que el pasado julio se materializaran las transferencias del hospital Clínico de Barcelona y la primera fase de competencias sobre ordenación del litoral.

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Interior/asume/inspeccion/empresas/seguridad/privada/elpepuespcat/20071228elpcat_12/Tes